Susana Díaz plantea un pacto contra la corrupción, reducir altos cargos y bajada de impuestos

La ganadora de las pasadas elecciones autonómicas del pasado 22 de marzo y única candidata a presidir la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha elaborado un discurso de investidura integrando propuestas del resto de fuerzas políticas presentes en esta X legislatura del Parlamento Andaluz, fundamentalmente, las que han impuesto Ciudadanos y Podemos al PSOE para permitir su investidura.

Entre las iniciativas presentadas, destaca el ofrecimiento de un gran pacto contra la corrupción, la reducción de un 10% de altos cargos, la bajada de impuestos y el blindaje del Estado del Bienestar.

Para Díaz, las 20 medidas contra la corrupción planteadas suponen el proyecto "más ambicioso que ninguna Administración ha propuesto jamás" y ha señalado que aunque sea de "ámbito andaluz", tiene vocación de "servir de modelo" al resto de España.

Entre las más de 20 medidas que ha anunciado, destacan la publicación de la declaración de IRPF de los cargos electos y sus cónyuges, que los partidos que "se hayan financiado ilegalmente" se conviertan en "responsables patrimonialmente de estos actos", la publicación de las cuentas de los partidos políticos y la creación de un portal de Gobierno "abierto".

También la creación de una Oficina de Prevención del Fraude y la Corrupción en Andalucía, la aprobación de una Ley de Buen Gobierno y Estatuto de Altos Cargos o separar de inmediato a cualquier cargo público, electo o designado que resulte imputado por corrupción política. "También a quien mienta o manipule sobre su currículum o cualificación personal o académica. Los imputados por corrupción política no formarán parte de las listas electorales", ha explicado.

Díaz ha propuesto un acuerdo de los grupos en el Congreso para crear el Registro Público Estatal que centralice la información sobre transparencia de los representantes, así como una iniciativa autonómica para la reforma de Código Penal que, entre otras cosas, amplíe el plazo de prescripción de los delitos de corrupción y que la responsabilidad patrimonial sea imprescriptible así como la incompatibilidad entre la función de parlamentario autonómico con otra actividad profesional.

Igualmente, ha anunciado la reducción de un 10% de los altos cargos en la Administración, una de las peticiones que le habían realizado desde Podemos.

En este sentido, Díaz ha recalcado que los ciudadanos se expresaron de forma "concluyente" en las elecciones autonómicas del 22 de marzo para que se les gobiernes "desde el diálogo", por lo que ha hecho un llamamiento "para transformar esa pluralidad en una herramienta útil". La socialista ha pedido a los partidos políticos del nuevo Parlamento andaluz que "no se empecinen en bloquear" la instituciones de autogobierno.

Asi, ha solicitado que el sistema electoral sea reformado, que las candidaturas se elijan por sufragio universal y que se establezca una segunda vuelta electoral si en la primera algún candidato no alcanza la mayoría absoluta en la sesión de investidura.

En el ámbito económico, la candidata socialista ha defendido el impulso en Andalucía de un nuevo modelo basado en el valor añadido "y no en salarios bajos ni en malas condiciones laborales" y ha anunciado la movilización en esta legislatura de unos 3.000 millones de euros de recursos públicos para favorecer la creación de empleo.

En relación con los impuestos, se ha comprometido a reducir entre 2 y 3,5 puntos el tramo autonómico del IRPF para las clases medias y bajas. Además ha anunciado un plan específico para que aflore la economía sumergida. También se ha comprometido a establecer una sólida política de apoyo al trabajo autónomo, que supone el 18% del empleo de la economía andaluza.

En el apartado de la educación, Díaz ha propuesto crear 12.000 nuevas plazas en Infantil de 0 a 3 años; subir de 1.200 a 1.500 los centros bilingües; y establecer un plan estratégico para garantizar la enseñanza de dos lenguas extranjeras en todos los niveles educativos.

Con respecto a los desahucios, la socialista ha asegurado que pondrá en marcha la normativa "más avanzada" de España para paliar este drama y que establecerá alternativas a las ejecuciones judiciales hipotecarias que permitan conservar las viviendas. En este contexto ha anunciado la aprobación de un plan de arbitraje al consumo que deberán suscribir los bancos que trabajen con la Junta para que negocien e intenten evitar que las familias sufran desahucios.

Tras su intervención, se suspenderá la sesión hasta este martes a las 10.00 h, con la intervención de los grupos parlamentarios, de menor a mayor (IULV-CA, Ciudadanos, Podemos, PP-A y PSOE-A), durante un turno de 30 minutos.

Según marca el Reglamento del Parlamento, la candidata deberá contestar individualmente a cada interviniente, quien tendrá derecho a réplica por diez minutos.

En cualquier caso, la candidata propuesta podrá hacer uso de la palabra cuantas veces lo solicite, y ella siempre cerrará el debate.

Después, el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, en atención al desarrollo del debate, fijará con suficiente antelación la hora en que se llevará a efecto la votación pública por llamamiento.

Se realizará por orden alfabético del primer apellido, comenzando por el diputado cuyo nombre sea sacado a suerte, votando al final los miembros del Consejo de Gobierno que sean diputados y los miembros de la Mesa del Parlamento.

Díaz necesita mayoría absoluta (55 de los 109 diputados de la Cámara) para ser investida presidenta. De momento, ningún partido ha anunciado que la apoyará en esta primera votación. Si el martes no consigue mayoría absoluta, se volverá convocar una nueva sesión, transcurridas 48 horas (que se empezarán a contabilizar una vez finalizado el pleno este martes) para que se produzca una nueva votación, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones.