Susana Díaz destaca el millón de mujeres atendidas en los diez años de vigencia de la Ley andaluza de Igualdad

 La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que un millón de mujeres han sido atendidas en la comunidad y han recibido, de una forma u otra, asesoramiento y recursos de la Administración andaluza, en colaboración con los ayuntamientos, en los diez años de vigencia de la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.

Díaz ha presentado el balance del X aniversario de esta Ley, que, al igual que la norma estatal de Igualdad (también del año 2007), "marcó un antes y un después" en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía.

Diez años después, ha supuesto un "blindaje y un cinturón de seguridad" para la igualdad en Andalucía, a pesar de la crisis económica, ha valorado la presidenta de la Junta.

Susana Díaz ha destacado los avances en participación alcanzados gracias a la Ley, con el Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres que representa a 2.000 entidades y es presidido por la propia presidenta de la Junta.

Como datos que reflejan la apuesta de Andalucía por la igualdad en esta década, Díaz ha mencionado el crecimiento de la población activa femenina por encima de la media española (un 14% frente al 9,2%) o el crecimiento del 2,2% del número de empresarias (mientras que en el conjunto del país ha bajado un 4,2%).

En materia de educación, un total de 5.000 profesionales de la enseñanza se han formado en coeducación y más de 2.600 mujeres víctimas de violencia de género se han beneficiado de acciones formativas.

Susana Díaz ha valorado, asimismo, que Andalucía ha sido pionera a la hora de prestar atención psicológica a los menores hijos de víctimas de la violencia machista.

En este ámbito, la presidenta ha reiterado la urgencia de alcanzar "de forma inmediata" un Pacto de Estado de Lucha contra la Violencia Machista y ha apuntado la necesidad de "visibilizar" a las víctimas de la explotación y la trata.

Díaz, que ha recordado que Andalucía trabaja ya en la reforma de las leyes de igualdad y de lucha contra la violencia de género, ha apostado por que las mujeres rompan techos de cristal y ocupen puestos de decisión en la política, la economía, la judicatura o los medios de comunicación, al tiempo que ha denunciado la precarización del empleo femenino y la brecha de la desigualdad entre hombres y mujeres.

La presidenta de la Junta ha destacado la necesidad de "mirar atrás" para hacer balance y "ver qué hemos hecho" y qué queda por conseguir. En este punto, ha recordado que "feminismo es igualdad", por lo que "hace falta mucho más feminismo porque hace falta más igualdad", ya que es preciso un "modelo de sociedad más inclusivo e igualitario".

Más de 300 millones

La ley andaluza que se ha desarrollado en el 100% de sus artículos y que ha permitido una inversión autonómica de más de 300 millones en políticas directas de igualdad, a los que se suman más de 192.300 millones en presupuestos diseñados con perspectiva de género (programas G+).

Esta normativa ha permitido, asimismo, configurar una estructura transversal de género que se ha mantenido intacta pese a la crisis económica, motivo por el que Andalucía ha sido felicitada por parte de ONU Mujeres.

La Ley andaluza ha impulsado los presupuestos con perspectiva de género (G+), así como la creación de instrumentos institucionales de coordinación para la igualdad, tanto dentro de la Junta como con otras administraciones. Junto a ello, todos los centros directivos del Gobierno andaluz incluyen en sus planes y disposiciones la evaluación de impacto de género, además de incorporar cláusulas de igualdad en la contratación, subvenciones y convenios públicos.

En materia de participación ciudadana, la Junta impulsó la creación en 2012 del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que canaliza las aportaciones del movimiento asociativo a las políticas autonómicas de igualdad de género, en representación de las 218.267 mujeres que forman parte del tejido asociativo andaluz.

También se ha hecho un esfuerzo para el empoderamiento y la participación de las mujeres del ámbito rural, fundamentalmente a través de los grupos de desarrollo rural y del personal de los centros municipales de Información a la Mujer.

Lucha contra la violencia de género

La lucha contra la violencia de género y la atención integral a las mujeres que la sufren han sido seña de identidad de las políticas de igualdad de la Junta de Andalucía, que ha impulsado la primera propuesta de Pacto de Estado para la Erradicación de la Violencia de Género, incluyendo medidas como la modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre dispensa de la obligación de declarar contra el cónyuge o pareja o la suspensión del régimen de visitas para los maltratadores.

Durante los últimos diez años, el Gobierno andaluz ha consolidado además su red de recursos para la atención a víctimas de violencia machista, acogiendo a más de 20.200 personas en situación de riesgo y prestando atención psicológica a más de 14.000 mujeres víctimas; además de prestar tratamiento a 3.000 menores hijos e hijas y 476 víctimas adolescentes, cuando en el resto de España y de Europa aún no se consideraban víctimas directas a los hijos e hijas.

La creación, pionera en España, de un Protocolo Específico ante la Ciberdelincuencia de Género; el Servicio de Apoyo Psicológico en Crisis para Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas Mortales de Violencia de Género; la publicación de una 'Guía para madres y padres con hijas adolescentes que sufren violencia de género'; o la creación de una 'app' para que la juventud aprenda a detectar relaciones tóxicas son otras de las iniciativas impulsadas en los últimos años en materia de violencia de género.

Actualización normativa

El Gobierno andaluz trabaja ya en la reforma de las leyes andaluzas de igualdad y violencia de género, lo que permitirá garantizar de manera obligatoria la igualdad de género en los contenidos curriculares de todas las etapas educativas; obligar a profesionales que atienden a víctimas a tener una formación especializada; tener capacidad sancionadora ante actos deportivos, culturales, mediáticos, publicitarios o empresariales discriminatorios con las mujeres; o ampliar el concepto de violencia de género a todas las formas de violencia contra las mujeres (trata, prostitución, etc.).

Otros logros de la Ley de Igualdad han sido la formación inicial del profesorado de materias sobre igualdad de género, así como la formalización de la materia optativa 'Cambios sociales y Género'.

El impulso de la coeducación se ha reflejado en la formación anual en igualdad de más de 5.000 personas (profesorado, alumnado y ampas); la designación de responsables de coeducación en los centros educativos; la creación de unidades de igualdad de género en las universidades públicas andaluzas o la formación de postgrado, entre otras.

En materia de empleo, la Ley fue decisiva para la inclusión en el acuerdo de concertación social de Andalucía de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como objetivo transversal, así como el asesoramiento personalizado a más de 3.000 emprendedoras cada año, o la formación especializada de más de 2.600 mujeres víctimas de violencia de género.

El Plan de Apertura de los Centros Docentes (aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares), plenamente asentado en el sistema educativo andaluz, o la aplicación de la Ley de Dependencia, junto a la deducción por ayuda doméstica en el tramo autonómico del IRPF y el programa Conciliam con las corporaciones locales son algunas de las medidas llevadas a cabo en materia de conciliación.

La ley también ha permitido priorizar los proyectos de investigación que tengan repercusión en áreas relacionadas con las desigualdades en salud, así como impulsar desde la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) una línea de investigación propia sobre género y salud pública con profesionales especializados en este campo.

Asimismo, se han puesto en marcha programas específicos de atención como el programa dirigido a personas cuidadoras o el programa de Promoción de la humanización en la atención perinatal de Andalucía, o la implantación del Protocolo Andaluz de Atención Sanitaria ante la violencia de género