Diez años de Ley de Dependencia en Andalucía, invertidos 10.000 millones y atendido a 371.600 personas

 La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que Andalucía ha invertido 10.000 millones de euros y atendido a 371.600 personas en los diez años transcurridos desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Díaz, que se ha reunido con colectivos vinculados a la atención a personas con dependencia en Andalucía -agentes económicos y sociales, colegios profesionales y entidades del sector de la dependencia- para hacer balance de esta década, ha destacado que la norma supuso un "revulsivo" y un cambio en el modelo de convivencia y en la propia concepción del Estado del Bienestar.

En efecto, la presidenta ha remarcado que si bien hasta entonces solamente se pensaba en la educación, la sanidad y las pensiones como bases del Estado del Bienestar, con la dependencia apareció un "nuevo pilar" que garantiza "dignidad" a las personas con discapacidad o a aquellas que, en un momento de su vida, necesitan de cuidados.

Este pilar, ha añadido Susana Díaz, "se ha ido consolidando frente a quienes no creían que fuera un derecho" y que han pretendido que se considerara "insostenible".

Los datos revelan que mes a mes, y durante estos diez años, Andalucía ha estado liderando la aplicación de la ley. En la actualidad, con 185.000 personas atendidas y 239.000 prestaciones, Andalucía representa el 23% del conjunto de España.

Díaz ha valorado que el desarrollo de la Ley de Dependencia ha conllevado, además de prestación de servicios, una repercusión directa en la creación de empleo que tiene la particularidad de ser estable y no deslocalizable. Así, se han creado más de 45.500 empleos, destacando los más de 18.000 empleos creados por el Servicio de Ayuda a Domicilio. Estos puestos de trabajo se generan, ha dicho, "dando calidad de vida, dignidad y respiro" a las familias.

En la actualidad, ha dicho la presidenta, el Gobierno andaluz mantiene "a pulmón" en torno al 80% del gasto que genera el mantenimiento de la dependencia, ya que ha dejado de ingresar 500 millones que debiera haber recibido de la Administración central del Estado si se hubiera cumplido el porcentaje 50-50% que marcaba la ley.

Para blindar este derecho, Susana Díaz ha reclamado un pacto nacional de "todos los partidos e instituciones", desde el convencimiento de que "la dependencia es un derecho reconocido por la ley que nunca más debe ponerse en cuestión".

Ese Pacto de Estado, a su juicio, debe contemplar entre otros aspectos la devolución del alta en la Seguridad Social a las personas cuidadoras y la necesidad de prever una "financiación adecuada" para este derecho.

Por parte de la Junta de Andalucía, se mantiene el compromiso de aumentar un 10% la aportación a la dependencia a lo largo de la legislatura y, así, en el año 2017 el presupuesto se va a incrementar en un 2,5%, lo que va a permitir llegar a atender a 230.000 personas, 45.000 más, y seguir trabajando en la atención a los dependientes de Grado I.

Durante el encuentro, Susana Díaz ha señalado además que ésta va a ser una "semana importante" para el Estado del Bienestar, porque, además del aniversario de la Ley, el Parlamento andaluz va a aprobar la Ley de Servicios Sociales, que es "pionera y vanguardia" en el conjunto de España.

Balance de la dependencia

En los diez años de funcionamiento de la dependencia, la Junta de Andalucía ha trabajado en la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, sus familias, las personas cuidadoras, profesionales y entidades que trabajan en los servicios de atención a la dependencia, así como en la consolidación del derecho a la atención.

Desde Andalucía se ha demostrado que la atención a la dependencia es sostenible y supone una auténtica inversión social, ya que genera retornos sociales y económicos, al tiempo que es un impulso para el empleo.

Con el presupuesto aprobado para 2017, Andalucía atenderá a 230.000 personas en situación de dependencia con una inversión de 1.188 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2016, cumpliendo así el compromiso de la presidenta de la Junta de alcanzar un incremento del 10% a lo largo de la presente legislatura.

En la actualidad, Andalucía financia más del 78% del sistema de atención a la dependencia y el Estado menos de un 22%, a pesar de que la Ley marcaba el compromiso de financiación del 50% entre ambas administraciones. De 2012 a 2016, el Gobierno de España ha recortado 508 millones de euros en la financiación para las personas en situación de dependencia en Andalucía. Si la comunidad no hubiera aportado la diferencia con respecto a esa financiación, se hubieran podido a atender a 80.000 dependientes menos.

A este importe hay que sumarle más 10 millones de euros que Andalucía ha dejado de percibir por el pago de la teleasistencia avanzada para las más de 20.000 personas en situación de dependencia moderada. Con la deuda total se podrían haber atendido a 105.000 personas.

Apuesta por los servicios de proximidad y la creación de empleo

En Andalucía más del 70% de las prestaciones están relacionadas con los servicios, con un importante papel de los servicios de proximidad y aquellos que permiten la permanencia de la personas en su entorno habitual. El Servicio de Ayuda a Domicilio lo reciben 51.300 personas, el 30% del total nacional, mientras que el Servicio de Teleasistencia en Andalucía lo están recibiendo unas 200.000 personas, de las que 75.000 son personas en situación de dependencia, lo que representa casi la mitad del total nacional.

Además, en Andalucía durante estos diez años las plazas en financiadas públicamente en residencias y centros de día se han incrementado en un 60%, 16.900 plazas más hasta alcanzar las 46.000 plazas actuales.

Por otra parte, el desarrollo de la Ley de Dependencia ha conllevado, además de prestación de servicios, una repercusión directa en la creación de empleo que tiene la particularidad de ser estable y no deslocalizable. Así, se han creado más de 45.500 empleos, destacando los más de 18.000 empleos creados por el Servicio de Ayuda a Domicilio.

El desarrollo de la Ley en Andalucía se ha realizado desde la cooperación y colaboración entre las distintas administraciones y con las entidades del tercer sector. Fruto de un fluido y participativo diálogo con representantes del sector y con el objetivo de optimizar los recursos públicos disponibles, se ha generado una dinámica positiva que ha dinamizado el sector dando calidad a los mismos y garantizando su sostenibilidad.

En relación con las entidades locales, estas desempeñan un papel fundamental en la prestación de servicios de proximidad, gestionando 5.000 millones de euros en estos diez años. En concreto, en 2016 las corporaciones locales gestionan más de la mitad (el 53,8%) del presupuesto de la atención a la dependencia (ayuda a domicilio, estancia diurna, atención residencial y refuerzos dependencia).

Hay que destacar en esta colaboración que la Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma que financia completamente el refuerzo de profesionales, y el servicio de ayuda a domicilio, para lo que ha invertido 2.500 millones de euros, transferidos directamente a las corporaciones locales desde el inicio de la ley. La cooperación ha demostrado ser un instrumento de prestación de servicios cercanos a la ciudadanía, especialmente en los ámbitos rurales.

Entre los retos actuales, se encuentra la incorporación del Grado I. El Gobierno Andaluz ha aprobado durante 2016 el I Plan de Prevención de la Dependencia y la Promoción de la Autonomía Personal 2016-2020. Este Plan prevé una inversión de 1.765 millones de euros en el periodo 2016-2020.

Además, desde Andalucía se ha impulsado un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia propuesto al Gobierno de España, para garantizar el futuro, articulando la propuesta en torno a 8 ejes: financiación garantizada y suficiente; impulsar servicios de calidad profesionalizados; responsabilidad pública y proximidad; un baremo más idóneo; simplificar y agilizar el procedimiento; impulsar la efectiva coordinación de los servicios sociales y sanitarios; transparencia y participación; y garantías democráticas y estabilidad normativa.