Díaz anuncia un nuevo plan de viviendas para Andalucía con atención a la rehabilitación

 La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo plan de viviendas para Andalucía, "en el que vamos a tener especial atención a la infravivienda, a la rehabilitación, tan necesaria y que a la vez genera mucho empleo", de manera que el desarrollo de Andalucía en la promoción de vivienda pública "sea el que necesitan los andaluces". Díaz, que se ha reunido en Málaga con el alcalde, Francisco de la Torre, ha destacado que "es el momento de aunar esfuerzos".

Susana Díaz ha explicado que en los próximos días se va a llevar a cabo una reunión técnica con el consejero de Fomento y Vivienda en la que se abordarán los detalles del plan antidesahucios, del protocolo que se va a firmar entre el ayuntamiento de Málaga y la Junta, así como de las necesidades que tiene que contemplar el nuevo plan de vivienda para Andalucía que responda a las demandas de la ciudad de Málaga.

La presidenta ha señalado que, por primera vez, "echan a andar las instituciones locales al mismo tiempo que la institución autonómica y eso se tiene que traducir en la capacidad de desbloquear asuntos que sean de interés para los ciudadanos, en mayor capacidad de entendimiento y en reducir la confrontación entre las instituciones", para que todo ello beneficie a los ciudadanos y a los distintos municipios.

En su intervención, Díaz ha comentado que han sido varios los temas que se han tratado. En primer lugar, la política de vivienda en general, desde el problema inmediato y urgente de atención a los desahucios, a la planificación a medio y largo plazo en el municipio de Málaga. Díaz ha indicado que "estamos haciendo un esfuerzo todas las administraciones y eso se tiene que traducir en que los ciudadanos lo sientan", Andalucía "va a llevar al límite" su política antidesahucios en el ámbito legal.

En la actualidad, "tenemos oficinas antidesahucios que están trabajando en las ocho provincias andaluzas, en Málaga tenemos una que ha atendido a unas 1.500 familias que han podido evitar un proceso doloroso en el que no sólo pierden su vivienda sino su proyecto de vida". La presidenta de la Junta ha destacado que "el ayuntamiento de Málaga está haciendo lo mismo y es el momento de aunar esfuerzos".

Díaz ha recordado que "aunque la Ley de Función Social de la Vivienda está recurrida, hay elementos de la Ley que se pueden llevar a cabo". Asimismo, el Consejo de Gobierno acordó que las entidades financieras, a través de la ley de protección de los consumidores en los productos hipotecarios, "se vean obligadas a someterse al arbitraje a través de cláusulas sociales y tengan que negociar con la Junta de Andalucía, con las familias y con los consumidores una alternativa habitacional para aquellas familias que estén en una situación de especial vulnerabilidad". Junto a esa norma, ha señalado Díaz, "hemos aprobado un decreto que nos va a permitir el retracto, el poder acceder a viviendas de aquellas familias que lo necesitan y están en una situación de máxima exclusión".

También dentro del plano legislativo y de acción del gobierno, la presidenta de la junta ha afirmado que "se van a seguir poniendo en marcha normas en colaboración con el Consejo General del Poder Judicial para evitar que antes de que se produzca la sentencia pueda haber una alternativa", "es mucho más doloroso y difícil actuar cuando ya hay una sentencia sobre la mesa".

En el otro plano, el de los hechos, Susana Díaz ha explicado que "lo primero es poner un sistema de colaboración entre el ayuntamiento y la Junta de Andalucía, también se le va a ofrecer a la diputación, para que el trabajo que se está realizando por parte de las oficinas antidesahucios sea un trabajo coordinado". Incluso se ha abierto la posibilidad de "cofinanciar el desembolso presupuestario que va a hacer la Junta para la adquisición de viviendas que puedan aumentar el parque de viviendas social del que vamos a disponer".

En este sentido, la Junta va a exigir que, en primer lugar, "sean los bancos los que se comprometan, los que asuman su responsabilidad social", con la colaboración de la administración autonómica a través de un protocolo que sea capaz de sumar el esfuerzo del ayuntamiento y el de la Junta.